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Guías para el manejo adecuado del aceite usado de motor en los hogares
Guías para el manejo adecuado del aceite usado de motor en los comercios
¿Qué peligros para la salud conlleva el mal manejo y la mala disposición del aceite usado en el ambiente?

Reglamentos aplicables a la ley 172, según enmendada

Sabía usted...
Leyes
Ley para el Manejo Adecuado de Aceite Usado en Puerto Rico (Ley 172 de 31 de Agosto de 1996)
Ley 230 de 29 de Agosto de 2000
Ley 290 de 26 de Diciembre de 2006
La Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) tiene la responsabilidad de contribuir a las iniciativas que propicien la protección del ambiente y los recursos naturales de Puerto Rico. De acuerdo con esta política pública, se establece el reciclaje de los residuos sólidos como la principal estrategia para el manejo de estos mediante el desvío de la mayor cantidad posible de los residuos sólidos que llegan a los sistemas de relleno sanitario de nuestra Isla. Con este propósito fue creado el Programa de Aceite Usado.

Nuestro programa educativo ofrece información y asesoramiento técnico especializado al cliente interno y externo, sobre los requisitos de la ley número 172, según enmendada, del 31 de agosto de 1996, conocida como “Ley para el Manejo Adecuado del Aceite Usado en Puerto Rico” y los reglamentos ambientales aplicables. Además, como mecanismo de orientación el programa educativo provee asesoramiento técnico a las personas que establecen centros de recolección de aceite usado, así como a los generadores, para lograr el cumplimiento ambiental.

El Programa de Aceite Usado se enfoca en concienciar a la comunidad regulada sobre la importancia de la reutilización y el reciclaje de este residuo especial y de informar a los ciudadanos sobre los diversos aspectos que atiende el Programa. Entre las estrategias para concienciar y educar a la comunidad se destacan actividades demostrativas, la distribución de folletos, reproducción y distribución de la ley de aceite usado, afiches, pautas de anuncios en los medios de comunicación, seminarios y conferencias. Nuestra campaña educativa va dirigida a una clientela variada, como estudiantes, maestros, mecánicos, administradores de gomeras y gasolineras, industriales y público en general.

La ley número 172, según enmendada, establece la política pública del Gobierno en cuanto a la recolección, almacenamiento, transportación, manejo adecuado y disposición final del aceite usado que se genera en Puerto Rico. El propósito de la ley es evitar la disposición inadecuada de este producto y la eventual contaminación ambiental. Mediante la ley se creó la infraestructura necesaria para que el aceite de motor generado por los ciudadanos se canalice adecuadamente hasta su disposición final.

Dicha ley prohíbe la disposición del aceite usado en el terreno, sistemas de relleno sanitario, alcantarillados sanitarios o pluviales, tanques sépticos, manglares, pantanos, humedales, sistema de desagüe, entre otros. Se prohíbe además la utilización de aceite usado para el control del polvo fugitivo, cubrir carreteras o caminos, matar yerbajos o para cualquier otro uso como yerbicida o insecticida. También queda prohibido el llenar el tanque o recipiente sobre el 90% de su capacidad, mezclar el aceite usado con cualquier otra sustancia o desperdicio peligroso, disponer los filtros de aceite usado sin antes haber drenado su contenido por un período de 48 horas mínimo y transportar aceite usado en cantidades mayores de 55 galones por las vías de Puerto Rico sin antes haber obtenido un permiso de recolección de la Junta de Calidad Ambiental (JCA).

Además, la ley establece que todo detallista de aceite lubricante establezca un centro de recolección de aceite usado (CRAU) y reciban gratis el aceite usado que le llevan las personas. Los CRAU deben estar registrados en la JCA y cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Desperdicios No-Peligrosos de la JCA.

Del mismo modo, esta ley establece un cargo de disposición de aceite usado y protección ambiental, que es destinado a un fondo de recolección y manejo de aceite usado. Dicho fondo se nutre de un cargo de 25¢ por cuarto de aceite lubricante o un cargo de 60¢ por galón de aceite lubricante a granel o semigranel que sea importado, hecho o refinado en Puerto Rico. El 65% del dinero recaudado se utiliza para el acarreo y disposición final de todo el aceite usado, un 11% por las agencias de gobierno para la labor de educación al consumidor, administración y fiscalización de la ley. El restante 24% se mantiene en una cuenta especial para atender situaciones de emergencias ambientales.

También, esta ley proveyó para la creación de un depósito de protección ambiental. El propósito de este depósito es motivar al consumidor que cambia el aceite lubricante de su vehículo de motor en su casa (“do it yourself”) a que devuelva el aceite generado a un CRAU autorizado. El depósito será de $1.00 por cada cuarto de galón de aceite de motor y transmisión vendido. A partir de la fecha de compra del aceite lubricante, el consumidor tendrá hasta 90 días para llevar el aceite usado a un CRAU y 120 días para recuperar el depósito prestado en el establecimiento donde compró el aceite lubricante. El depósito de protección ambiental se reembolsará donde se realizó la compra del aceite lubricante. No importa la cantidad de aceite usado devuelto, el depósito prestado se devolverá íntegramente por la cantidad total prestada al portador del recibo que esté debidamente certificado por el CRAU. Deberá llevar el recibo de compra certificado por el CRAU.

El aceite de motor usado constituye un recurso energético de mucho valor cuyo contenido puede ser reutilizado en su totalidad. Este producto cuenta con mercados ya establecidos. En Puerto Rico una gran cantidad del aceite usado de motor que se recupera, se reprocesa, extrayéndole los aditivos y contaminantes y reutilizándolo como base para la manufactura de nuevos lubricantes. También es común su uso como combustible de calderas, aunque puede utilizarse en otros procesos industriales. Su uso como combustible de calderas se hace factible al mezclarlo con algún derivado del petróleo tal como el combustible residual o el diesel.

Esta ley dispuso alternativas que resultaron beneficiosas en términos socioeconómicos y ambientales al proteger los recursos naturales de la Isla.

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